ALMERÍA, 23 de octubre. La Audiencia Provincial de Almería ha tomado una decisión crucial en el caso de Ana Julia Quezada, quien está cumpliendo una condena de prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en 2018. La justicia ha ordenado el embargo de sus bienes y fondos para que pueda responder a la indemnización de 500.000 euros que debe pagar a los padres de la víctima.

De acuerdo con fuentes legales, un decreto firmado el 8 de octubre por el letrado de la Administración de Justicia ha habilitado esta medida de embargo. El monto se determinará a partir del salario que Quezada recibe por su trabajo en la prisión de Brieva, en Ávila, que es de aproximadamente 200 euros mensuales, así como cualquier ingreso adicional que pueda obtener por otras vías.

La sentencia dictada en septiembre de 2019 había impuesto a Quezada el deber de indemnizar a los padres de Gabriel con 250.000 euros cada uno, como compensación por los daños emocionales sufridos, además de una suma de 200.203 euros por los costos generados al Estado durante las intensas búsquedas del niño que se llevaron a cabo durante casi dos semanas.

Sin embargo, según informa Prensa Ibérica, hasta la fecha, Quezada solo ha conseguido abonar una ínfima parte de la indemnización, específicamente 467 euros a los padres del menor, a pesar del tiempo transcurrido desde que se hizo firme el fallo judicial en febrero de 2020, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Por su parte, la defensa de Quezada ha presentado un recurso en contra de la decisión del embargo argumentando que sus ingresos no alcanzan el salario mínimo, lo que debería hacerlos "inembargables". Además, sostienen que el resto de los fondos en su cuenta provienen de ayudas enviadas por familiares y amigos.