En Madrid, el 4 de abril, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha manifestado su fuerte oposición a los recientes terceros grados otorgados por el Gobierno Vasco a reclusos de la organización terrorista ETA, adjetivándolos como “indultos encubiertos”. La AVT destaca que el 30% de los presos etarras ya se encuentran en un estado de semilibertad, lo que consideran un paso alarmante hacia su eventual liberación.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, expresó en un comunicado la preocupación de la organización, señalando que estos movimientos reflejan una “estrategia imparable” que advierten desde hace años: “Primero se les acercan, luego se les otorgan grados de semilibertad y, al final, se les deja salir libremente”.

La AVT ha criticado la etapa en la que se encuentran, considerándola “la fase culminante de esta situación deshonrosa”. En particular, mencionan el caso de Juan Jesús Narváez Goñi, quien fue sentenciado a 30 años por ser responsable de la muerte de cuatro personas. Después de cumplir una década de prisión, ya ha accedido a su tercer grado y en 2025 podría estar completamente libre.

“La duración de la pena se ha vuelto ridícula”, advirtió la asociación, observando que el cambio en los criterios de concesión de grados es preocupante. Pasar de ofrecer esta posibilidad a presos que habían cumplido un tercio de su condena a hacerlo con individuos que han cumplido menos de la mitad, subraya un cambio ético alarmante.

En este contexto, la AVT ha hecho un llamado al fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos García Berro, instando a que impugne esta reciente decisión, que consideran sumamente dolorosa, especialmente tras el traspaso de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco al PSE-EE.

La asociación ha expresado su rechazo a que la política penitenciaria se convierta en un mecanismo para eludir las consecuencias del delito, señalando que esto diluye el significado de las condenas emitidas por la justicia. Las víctimas del caso de Narváez Goñi han reaccionado con devastación y revictimización al enterarse de este tercer grado.

La AVT también ha señalado que, mientras a los presos etarras se les concede semilibertad, muchas de las víctimas no han recibido disculpas. Durante recientes encuentros en Euskadi, tanto el Gobierno Vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional prometieron estudiar cómo enviar cartas de disculpa a las víctimas, pero, cinco meses después, no ha habido avances.

Araluce comentó que en realidad es preferible evitar el envío de esas cartas, dado que parecen ser estándar y carentes de sinceridad. “Con tal de conseguir su libertad, están dispuestos a firmar cualquier cosa”, afirmó la AVT, subrayando que aunque reconocen la legalidad de estos grados, no pueden evitar calificar su concesión como profundamente inmoral. “Lo único que nos queda tras haber perdido a nuestros seres queridos es asegurar que el responsable cumpla su pena, y ahora incluso eso nos están negando”, concluyeron.