El 7 de mayo en Madrid, la situación política en Brasil ha cobrado un nuevo giro tras la decisión unánime del Tribunal Supremo Federal (STF), que ha decidido imputar a siete individuos en relación con el fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el cargo tras su victoria electoral frente a Jair Bolsonaro en 2022.

La primera sala del STF ha dado luz verde a la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (PGR) contra el denominado grupo 4. Este grupo incluye a varios militares activos, incluido un coronel, así como a un oficial de la Policía Federal, quienes están siendo investigados por planear campañas de desinformación en torno al proceso electoral y llevar a cabo ataques virtuales contra instituciones y figuras de autoridad, con el apoyo de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, subrayó que las acciones de la célula infiltrada tenían una similitud alarmante con los discursos de Jair Bolsonaro, evidenciando una conexión entre las intenciones de los acusados y el anterior mandatario. Esta revelación pone de manifiesto los ecos de la retórica extremista que ha marcado la política brasileña en los últimos años.

Los imputados, que también incluyen al presidente del Instituto Voto Legal, serán juzgados por una serie de cargos graves. Estos comprenden la creación de una organización criminal armada, la intención de derrocar de manera violenta el Estado democrático de derecho, además de otros delitos como causar daños y amenazas significativas contra el patrimonio estatal. Si se determina su culpabilidad, las penas podrían acumularse a más de tres décadas de prisión.

Hasta la fecha, el STF ha tratado los casos relacionados con los grupos 1, 2 y 4, agrupando un total de 21 imputados, entre los cuales figura el expresidente Jair Bolsonaro. Aún quedan pendientes las acusaciones contra los grupos 3 y 5, que estos últimos días han mantenido en vilo al país y han desatado intensos debates sobre la integridad de la democracia brasileña.