El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) han dado un importante paso para abordar la crisis de accesibilidad en la vivienda en España, al lograr que su reclamación colectiva sea admitida por el Consejo de Europa. Esta acción, que reivindica los derechos de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, fue acordada de manera unánime el 15 de octubre de 2025.

La queja presentada por el EDF alega que las políticas, normativas y prácticas actuales en el ámbito de la accesibilidad habitacional en España infringen directamente los derechos establecidos en la Carta Social Europea Revisada. Este documento internacional promueve el bienestar y la dignidad de todos los ciudadanos, y la denuncia resalta cómo el Estado español no ha implementado las medidas necesarias para asegurar un acceso igualitario y universal a la vivienda.

El informe argumenta que el incumplimiento de estas normativas, especialmente en lo que respecta a edificios residenciales regulados por la Ley de Propiedad Horizontal, constituye una forma de discriminación encubierta que afecta negativamente a las personas con discapacidad, a los mayores y a aquellos que enfrentan riesgo de pobreza y exclusión social.

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha determinado que esta reclamación cumple con todos los criterios necesarios según el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, lo que subraya la gravedad de la situación en España y la urgencia de una respuesta gubernamental.

Como parte del procedimiento, se ha solicitado al Gobierno español que presenten su posición respecto a la queja antes del 15 de diciembre de 2025. Posteriormente, el EDF tendrá la oportunidad de responder a las alegaciones del gobierno, en un proceso que promete ser crucial para el futuro de la accesibilidad en el país.

La resolución definitiva que emita el Consejo determinará si España ha incumplido diversos artículos de la Carta Social Europea Revisada que abordan aspectos fundamentales como la accesibilidad, la protección a las familias, la defensa de los derechos de las personas mayores, y la lucha contra la exclusión social, todo ello bajo el principio de no discriminación.