En el contexto actual de la política española, la vicepresidenta segunda del Gobierno y responsable de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado este lunes la 'Declaración de Murcia', firmada por el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como "claramente inconstitucional". Durante una rueda de prensa previa a la entrega del 'Premio Fórum Europa' al presidente del Consejo Europeo, António Costa, la ministra insistió en la necesidad de una "regularización ya" para los migrantes en el país.

Díaz ha denunciado que la agenda del PP "se alinea con la de Vox", subrayando que la lectura de la 'Declaración de Murcia' le ha dejado claro que no respeta ni la Constitución española ni los compromisos internacionales de España. "Es verdaderamente alarmante", agregó.

La ministra instó al Gobierno español a abordar de inmediato el debate sobre la regularización de las aproximadamente 500.000 personas migrantes que habitan en el país. "Proteger y garantizar derechos laborales a los trabajadores migrantes es nuestra obligación", enfatizó, cerrando su intervención con un contundente "regularización ya".

Por su parte, Feijóo y varios líderes autonómicos del PP han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas más directas en la atención y financiación de los menores migrantes no acompañados, en medio de lo que describen como una "crítica saturación de recursos" en las comunidades autónomas. Además, argumentan que el Gobierno debería facilitar el "retorno" y la "reunificación familiar" en los países de origen de estos menores.

En la 'Declaración de la región de Murcia', hecha pública por Feijóo y sus compañeros, se critica que la gestión de los menores no acompañados se haya vuelto una cuestión de "reparto arbitrario" y un medio de "negociación política" entre el Gobierno central y sus socios. El PP insiste en que el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad en lo que consideran un fracaso en la política migratoria.

Añaden que es fundamental que el Gobierno garantice la correcta determinación de la edad de los menores y que asuma la atención directa de aquellos que se encuentran sin compañía, además de promover, en la medida de lo posible, el retorno y la reunificación familiar basándose en datos disponibles.