En Madrid, la situación del profesorado se ha dibujado con trazos de preocupación, revelándose que un asombroso 81% de los docentes opina que sus centros no están equipados para hacer frente a emergencias. Más del 60% de ellos también ha expresado no haber recibido la formación necesaria para abordar crisis climáticas, de salud o sociales. Este alarmante panorama surge a partir de una encuesta realizada por la Campaña Mundial por la Educación (CME) en España, en el contexto del Día Mundial de los Docentes, que se conmemora el 5 de octubre.

La encuesta se llevó a cabo con la participación de más de un centenar de educadores provenientes de 15 comunidades autónomas, así como de Ceuta y Melilla. Los resultados revelan que siete de cada diez docentes piensan que el derecho a la educación está en riesgo en sus instituciones debido a la falta de recursos y planificación ante emergencias.

En consecuencia, el 70% de los encuestados ha demandado la creación de protocolos de emergencia que sean "claros y actualizados". Más de la mitad también ha subrayado la necesidad de apoyo psicoemocional y formación especializada en educación para situaciones de emergencia, destacando la importancia de abordar el impacto emocional y operativo que estos eventos acarrean.

Estos hallazgos se enmarcan en un contexto donde incidentes como incendios, inundaciones y apagones han interrumpido la educación de miles de estudiantes españoles en años recientes. La CME ha recordado cuán reveladora fue la dana de octubre de 2024, que forzó el cierre temporal de numerosos centros, poniendo de manifiesto la falta de preparación ante fenómenos climáticos extremos.

En respuesta a esta preocupante situación, la CME ha instado al gobierno y a las administraciones educativas a implementar medidas concretas que permitan proteger y preparar a los docentes para enfrentar emergencias. Específicamente, se ha solicitado la creación de planes de emergencia climática para todos los centros educativos y una inversión en infraestructuras que sean seguras y sostenibles.

Asimismo, se ha pedido la elaboración de protocolos coordinados y la creación de líneas de financiación especializadas para asegurar la continuidad educativa en momentos de crisis. También se enfatiza la necesidad de garantizar formación específica en áreas como educación en emergencias, salud mental y gestión del trauma.

Otro punto importante que ha surgido es la insistencia en la inclusión de la educación en resiliencia y autoprotección en el currículo escolar. Además, la CME destaca la urgencia de establecer redes de apoyo psicosocial y un reconocimiento público al trabajo del profesorado.

“Educar y cuidar sin recibir cuidado. Esa es la realidad a la que se enfrentan muchos docentes en la actualidad. Apoyar a los educadores no es simplemente una inversión en educación; es un compromiso con la paz, el futuro y la reconstrucción de nuestras comunidades”, concluyó Mariluz Aparicio, portavoz de la CME.