La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha realizado un fuerte llamado de atención contra las autoridades nicaragüenses, denunciando que cada vez se alejan más de los Derechos Humanos y el Estado de derecho. Esta información surge en medio del cierre de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Managua, poniendo fin a su misión humanitaria en Nicaragua, luego de que el Gobierno de Daniel Ortega solicitara su salida del país.

El CICR para México y América Central ha anunciado esta decisión y ha expresado su disposición de reanudar el diálogo y la acción humanitaria en Nicaragua. La organización recuerda que en 2018 recibió la autorización para abrir una misión enfocada exclusivamente en objetivos humanitarios. Desde entonces, el CICR ha establecido una misión permanente en Managua, apoyando a la Cruz Roja en la atención a las personas más vulnerables, visitando a personas detenidas y llevando a cabo actividades de formación sobre Derecho Internacional Humanitario.

El CICR resalta que su labor en más de 80 países siempre se ha regido por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha denunciado la creciente desviación de las autoridades nicaragüenses en cuanto a los Derechos Humanos, el Estado de derecho y otros principios democráticos. Al Nashif ofrece al gobierno un diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis en esta materia.

La Alta Comisionada expresa su preocupación por la impunidad que se vive en el país y lamenta la falta de medidas para prevenir violaciones de las libertades fundamentales. También ha denunciado las restricciones al espacio público y los numerosos casos de detenciones arbitrarias en contra de aquellos que ejercen sus derechos básicos.

Nada al Nashif señala que el presidente Ortega continua persiguiendo a cualquier individuo que pueda aportar una visión alternativa en la esfera pública, incluyendo líderes políticos, indígenas, miembros de la Iglesia católica, activistas y periodistas. Muchos de estos perseguidos políticos se encuentran en el exilio y no pueden regresar a Nicaragua.