La corte de garantías resuelve ambos asuntos por unanimidad de sus 12 magistrados

MADRID, 11 Sep.

El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado una decisión histórica al aceptar de manera unánime la abstención del magistrado Juan Carlos Campo y admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de desórdenes públicos, según ha informado el TC.

El Pleno de la corte de garantías, conformado por los 12 magistrados progresistas y conservadores, ha respaldado tanto la petición de abstención de Campo como la consulta realizada por el Supremo.

La decisión de Campo de apartarse se basa en sus declaraciones anteriores, donde calificó la amnistía como "claramente inconstitucional" en informes relacionados con los indultos a los condenados por el 'procés' durante su mandato como ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta no es la primera vez que Campo se abstiene en debates sobre la amnistía, ya que en noviembre de 2023, cuando se estaba negociando la ley, decidió apartarse de un recurso de amparo presentado por un particular para preservar la imparcialidad del Constitucional.

A pesar de la abstención de Campo, quien pertenece al sector progresista del tribunal, la correlación de fuerzas entre los bloques seguirá siendo de 6 a 5, manteniendo a los conservadores en minoría.

Además, el Pleno del TC ha admitido el primer asunto relacionado con la ley de amnistía aprobada en mayo pasado. Se trata de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TS en julio, que considera que el artículo 1 de la medida de gracia viola el derecho constitucional a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.

El Supremo optó por recurrir al Constitucional luego de analizar el caso de dos condenados por desórdenes públicos ocurridos en Girona después de la sentencia contra Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés'.

Una vez admitida la cuestión, la respuesta al TS tardará entre seis meses y un año, sentando un precedente para futuras cuestiones de inconstitucionalidad y recursos que puedan surgir en el futuro.

Según fuentes del TC consultadas por Europa Press, una vez resueltas las dudas planteadas por el Supremo, se abordarán los recursos de inconstitucionalidad presentados, incluyendo los del PP y varias comunidades autónomas gobernadas por Alberto Núñez Feijóo.

El magistrado conservador José María Macías será el encargado de la ponencia sobre el recurso presentado por el PP, sin plantearse abstenerse a pesar de haber expresado su postura en contra de la ley de amnistía previamente.

En cuanto a los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades 'populares', se espera que Campo se abstenga de participar, siendo asignado al magistrado conservador César Tolosa por turno.

A pesar de las recusaciones contra tres magistrados (Cándido Candide-Pumpido, Laura Díez y Campo), las posibilidades de éxito de estas acciones son escasas en la sede del TC.

Una vez resueltos los recursos de inconstitucionalidad, se abordarán los recursos de amparo, que podrán acumularse para que un solo magistrado se encargue de todas las ponencias.

En resumen, el proceso judicial continúa su curso y se espera que los líderes del 'procés' condenados y procesados, como Junqueras y Puigdemont, presenten sus recursos una vez hayan agotado las instancias judiciales previas en el Supremo.

En el caso de Junqueras y otros condenados, la Sala de lo Penal tiene pendientes recursos de súplica y posibles incidentes de nulidad, mientras que en el caso de los procesados, los recursos han sido rechazados por el magistrado instructor Pablo Llarena y se han elevado a la Sala de Apelaciones.