El magistrado Julián Sánchez Melgar, integrante del Tribunal Supremo, ha hecho un llamado al Parlamento Europeo para que se suspenda la inmunidad del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, líder del movimiento Se Acabó La Fiesta (SALF). Esta medida busca facilitar la investigación de Pérez en relación a supuestos delitos de financiación ilegal y electoral, vinculados a la entrega de 100.000 euros por parte del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', en preparación para las elecciones europeas de 2024.

El magistrado tomó declaración a 'Alvise' en julio, donde el eurodiputado reconoció haber recibido el dinero, pero defendió que no era para su campaña electoral. En contraste, Romillo asegura que la entrega fue efectivamente destinada a financiar la campaña de SALF.

El caso de 'Alvise' se enmarca dentro de un contexto más amplio, ya que actualmente enfrenta cuatro investigaciones diferentes. Entre ellas, se encuentra un caso por la difusión de una prueba PCR falsa relacionada con Salvador Illa, actual presidente catalán; otro sobre supuestos acosos en redes a Susana Gisbert, fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia; y un cuarto por hostigar a dos eurodiputados que se separaron de su partido tras las elecciones.

Juan Ramón Berdugo, el magistrado que dirige la causa del acoso a Gisbert, ya había solicitado la intervención de la Eurocámara en ese caso. Ahora, Sánchez Melgar se dirige a la Eurocámara mediante Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal del TS, y a la presidenta del tribunal, Isabel Perelló.

En su resolución, el juez detalla que las investigaciones giran en torno a una reunión en la que 'Alvise' solicitó dinero a Romillo para financiar su partido de manera secreta, sin que estas operaciones quedaran registradas oficialmente. Romillo, según la denuncia, habría aceptado a cambio de influencias que podría traducir en contactos dentro de su rol como eurodiputado.

El Supremo ha mencionado que el acuerdo entre ambos implicaba que el dinero sería entregado a través de un intermediario, quien transportaría una mochila con la suma de 100.000 euros. Además, se especifica que varios de los términos se discutieron también por mensajería instantánea, aumentando la gravedad de la posible irregularidad.

La entrega del dinero se realizó de forma directa, con el emisario de Romillo entregando la mochila a 'Alvise', quien se la llevó a su casa sin registrar la cantidad que contenía, que estaba compuesta por billetes de diferentes denominaciones.

A pesar de que 'Alvise' aseguró que los fondos eran un pago por una charla y que gastó parte del dinero en asuntos personales, también admitió la utilización de estos recursos para cubrir gastos del partido como viajes y almuerzos.

Sin embargo, para Sánchez Melgar, la defensa de 'Alvise' carece de credibilidad. Según el análisis del teléfono de Romillo, hay indicios que respaldan las acusaciones de una financiación irregular que comprometería la limpieza del proceso electoral. El magistrado considera que esto afecta la transparencia electoral y subraya que se trata de posibles delitos relacionados con la financiación ilegal y los procesos electorales.

Como resultado de la situación, Sánchez Melgar ha señalado que no podrá continuar con la investigación a menos que reciba el permiso del Parlamento Europeo, lo que implicará una suspensión de la acción judicial, salvo aquellas medidas urgentes que no infrinjan los derechos fundamentales del eurodiputado.

El magistrado enfatiza que las acusaciones contra 'Alvise' no están directamente relacionadas con su trabajo como eurodiputado. Los hechos que se le imputan ocurrieron antes de su ingreso en el Parlamento Europeo, lo que añade una dimensión crítica a la investigación que se está llevando a cabo.