En un contexto complejo de investigación en torno a presuntos actos de corrupción, un piso de 250 metros cuadrados en las cercanías del emblemático Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ha adquirido protagonismo. Este inmueble, que forma parte del 'caso Koldo', presenta un alquiler a largo plazo que se extenderá hasta 2032, creando una nube de interrogantes sobre su posible utilización como garantía en proyectos de obras públicas.

Según un informe pericial ordenado por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, este piso le fue presentado en 2019 por el empresario Víctor de Aldama al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La controversia radica en que el inmueble se menciona como una supuesta garantía de obras ya adjudicadas a empresas relacionadas con la trama que investiga el caso.

La valoración del piso, realizada a partir de un análisis exhaustivo del mercado inmobiliario de la zona, establece que el metro cuadrado se cotizaba en aproximadamente 8.000 euros en la fecha de evaluación. Esto lleva a una cifra total de más de 2 millones de euros, aunque la tasación a fecha de abril de 2019 fijaba su valor en alrededor de 1,4 millones de euros, lo que indica un incremento significativo en estos años.

El informe también revela detalles sobre la estructura del piso, que se encuentra en el 19º piso de un edificio moderno y cuenta con múltiples estancias, ideales para el confort urbano. Esta propiedad está bajo la titularidad de una firma llamada Batarse y asociados, que está ligada a un arrendamiento a 20 años con Royal Premier Hoteles, complicando aún más su situación financiera.

Adicionalmente, se ha encontrado un registro de hipoteca sobre la propiedad que ascendería a 700.000 euros, con términos que se extenderían hasta 2042. La profundidad de esta situación toma un giro inesperado con la restricción impuesta por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, que prohíbe cualquier operación con el inmueble hasta octubre de 2024, en el contexto de una investigación por fraude en el sector de hidrocarburos que involucra al mismo De Aldama.

En sus declaraciones, De Aldama ha sugerido que había un esquema económico más amplio con Ábalos, donde se planteó un acuerdo para que el exministro adquiriera la propiedad sin mayores contrapartidas, manteniendo en el aire la sospecha de un intercambio relacionado con la obtención de contratos en el ámbito público.

Estos intercambios estaban supuestamente estructurados en un contrato fiduciario, que planteaba un alquiler con opción de compra que culminaría en 2024. De Aldama defiende que dicha operación era necesaria para asegurar el cobro de comisiones futuras, pero sostiene que el inmueble nunca fue utilizado por Ábalos, quien no habría desembolsado renta alguna debido a su condición de contrato fiduciario.