CEUTA, 11 de septiembre. En un importante veredicto, la sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, que actúa desde Ceuta, ha condenado a la exvicepresidenta de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, y a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por su rol en la repatriación irregular de 55 menores migrantes no acompañados a Marruecos en agosto de 2021, un incidente ocurrido tras la crisis migratoria que tuvo lugar en mayo de ese año.

La sentencia impone a ambas políticas una inhabilitación de nueve años para ocupar cargos o funciones públicas. Los magistrados subrayaron que sus acciones infringieron la Ley de Extranjería y la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, evidenciando un claro desinterés por los derechos fundamentales de los menores involucrados.

Este caso se sitúa en el contexto de la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas, incluyendo un millar de niños, llegaron a Ceuta provenientes de Marruecos en un periodo de 48 horas, desbordando la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Durante el juicio, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de inhabilitación para cada una de las acusadas, mientras que las denuncias presentadas por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Asociación L'Escola exigían incluso 15 años. Además, se demandó que se les retiraran los reconocimientos asociados a sus antiguos cargos, solicitud que fue aceptada por el tribunal.

Las devoluciones de los menores marroquíes se llevaron a cabo entre el 13 y el 16 de agosto de 2021, ejecutadas en grupos de 15 diarios. Este proceso se realizó sin la apertura de expedientes individuales, sin el debido derecho a defensa, y sin la intervención de un abogado o del Ministerio Fiscal, violando la normativa española e internacional. La Administración justificó estas acciones basándose en un acuerdo bilateral de 2007, aunque la Justicia ha determinado que actuaron sin considerar el marco legal correspondiente.

Durante el juicio, tanto Deu como Mateos afirmaron que seguían las directrices del Ministerio del Interior, que había indicado aplicar el mencionado acuerdo de 2007. Esto llevó a la presidenta del tribunal, Rosa de Castro, a solicitar un careo entre Deu y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, responsable de firmar la orden. Sin embargo, en su declaración, Pérez mostró una preocupante falta de memoria y se observó que el documento carecía de la firma y el sello oficiales acreditativos.

La Fiscalía de Ceuta enfatizó que las administraciones implicadas nunca solicitaron su participación en el proceso de repatriación. De hecho, el Ministerio Público solo se enteró de las devoluciones un día antes de su inicio, el 13 de agosto de 2021, lo que pone de relieve el desajuste y falta de coordinación entre las autoridades involucradas.