En una iniciativa sin precedentes, Facua ha instado al Gobierno a ampliar la prohibición de contratos derivados de llamadas no solicitadas a sectores como telecomunicaciones, servicios financieros, alarmas y seguros.

El Gobierno ya ha dado pasos en la regulación de la contratación de servicios energéticos, con la intención de vetar las altas realizadas a través de llamadas no autorizadas por los consumidores.

Facua alerta de que el sector de las telecomunicaciones lidera la lista de llamadas comerciales no deseadas, incluso por delante de los servicios energéticos, que desde junio de 2023 tienen prohibido este tipo de prácticas. Según una encuesta de la organización, el 73,5% de los encuestados ha recibido ofertas de telecos a través de llamadas no solicitadas en el último mes.

Otros sectores afectados por estas prácticas son los de luz y gas, seguros, alarmas y préstamos, siendo la gran mayoría de los consumidores objeto de estas llamadas comerciales sin consentimiento.

La mayoría abrumadora de consumidores sigue siendo bombardeada por este tipo de llamadas, a pesar de las regulaciones existentes. Facua señala la falta de recursos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para dar respuesta a todas las denuncias, lo que está llevando al archivo de un gran número de expedientes.

Además, Facua ha solicitado que las empresas energéticas informen a los clientes sobre su derecho a cancelar un contrato si ha sido resultado de una llamada no autorizada.

La asociación pretende presentar alegaciones al Reglamento General de Suministro y Contratación incluido en un real decreto en trámite, para garantizar que las altas telefónicas se realicen de forma transparente y con el consentimiento expreso del consumidor.

En caso de irregularidades, Facua considera necesario que el usuario sea compensado económicamente y que las empresas responsables reciban sanciones ejemplares por activar contratos fraudulentos sin la debida autorización del consumidor.