La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su cambio de postura en relación al Sáhara Occidental, considerando que este cambio "contraviene el derecho internacional vigente". La asociación de fiscales ha pedido al Gobierno que adopten "las medidas necesarias" para celebrar un referéndum de autodeterminación en el territorio.

La UPF envió una carta a Sánchez luego de que una delegación de fiscales y juristas visitara los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) entre el 2 y el 9 de abril para analizar la situación jurídica del Pueblo Saharaui y la legalidad vigente. La asociación rechaza el apoyo del Gobierno a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental dentro de Marruecos, que incumple el Plan de Paz de 1991 y otras obligaciones internacionales que corresponden a España.

La UPF urge al Gobierno a cumplir con todas las obligaciones contraídas, no solo en la condición de miembro de la Unión Europea y de la comunidad internacional, sino también en la de potencia colonial. Desde el año 1963, cuando la ONU declaró que el Sáhara Occidental debe descolonizarse a través de un referéndum de autodeterminación, España no ha cumplido efectivamente con las obligaciones derivadas de su condición de potencia administradora del territorio. También se señala que, de acuerdo con lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, España tiene el deber de promover los intereses del pueblo saharaui, impulsar la ayuda a dicho pueblo y transmitir a la ONU información sobre la situación en la que se encuentra.

Para la UPF, la omisión de estas obligaciones es una herencia del régimen de Franco y la nueva posición del Gobierno no solo perpetúa esta inacción histórica, sino que parece alinearse con el indigno e ilegal acuerdo firmado en 1975 por el que España cedió parte del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y otra parte a Mauritania. La asociación denuncia que la decisión del Gobierno se alinea con Marruecos y obstruye el proceso de descolonización del territorio.

Finalmente, la UPF advierte que cualquier solución ajena al marco de la legalidad internacional y al cumplimiento de las obligaciones que corresponden a España supondrá la pérdida de una oportunidad histórica para consolidar el liderazgo de España en la lucha por la democracia y las libertades y para devolver el futuro robado al pueblo del Sáhara Occidental.