En Madrid, el 23 de octubre, la Federación de Metalurgia de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha dado un fuerte aviso al Gobierno español: no se debe aceptar un enfoque unilateral respecto a la meta de emisiones cero para automóviles nuevos para el año 2035, tal y como plantea la Unión Europea, sin establecer antes un conjunto de salvaguardias que protejan tanto a los trabajadores como a la industria. Además, se ha solicitado la consideración de una moratoria técnica que alinee los plazos con la capacidad de inversión y producción existente en Europa.

A través de un comunicado, la CCP se manifestó claramente en contra de la reciente postura de los gobiernos de Francia y España, que apoyan la meta de emisiones cero para 2035. En contraposición, ha expresado su apoyo a las posiciones de Alemania e Italia, que abogan por una transición más "realista y condicionada", que asegure garantías en términos de empleo, industria y bienestar social.

La CCP alertó sobre los riesgos de imponer de forma estricta el objetivo 2035 sin considerar transiciones flexibles o medidas de protección industrial, afirmando que esto tiene repercusiones directas sobre el empleo. En este sentido, mencionaron el caso de Ford, que anunció en 2024 la eliminación de hasta 1.600 puestos de trabajo en su planta de Valencia, lo cual es un claro recordatorio de cómo los cambios en la producción y en la demanda ya afectan a los centros de trabajo y su personal.

Además, han argumentado que cualquier legislación futura debería contemplar el uso de soluciones híbridas con bajas emisiones de carbono y combustibles sintéticos, como posibles alternativas en el camino hacia una movilidad más sostenible, en tanto se consolida completamente la cadena de valor del vehículo eléctrico en Europa.

La confederación también ha enfatizado la necesidad de brindar apoyo inmediato a la industria de componentes. Esto incluye la creación de líneas de crédito, incentivos para la modernización y planes de internacionalización que eviten la deslocalización de capacidades productivas esenciales.

“No estamos en contra de la transición”, declaró la CCP. “La clave es combinar la ambición climática con la responsabilidad social e industrial. Imponer el año 2035 sin garantías claras y verificables significa cargar a los trabajadores, empresas y regiones con el coste de esta transición. Si no actuamos con responsabilidad y establecemos medidas vinculantes, los datos que surgen del sector indican que podría generarse un alto y doloroso coste social para España”, advirtieron desde la confederación.

Finalmente, la CCP se basa en estudios de proveedores y asociaciones industriales que advierten que una transición únicamente hacia vehículos eléctricos, o mal gestionada, podría resultar en pérdidas masivas de empleo en la cadena de suministro europea. “Estos escenarios no pueden pasarse por alto al definir plazos legales que sean vinculantes”, concluyeron.