En un nuevo giro en la regulación del sector de telecomunicaciones en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido iniciar un expediente sancionador contra Telefónica, evidenciando posibles violaciones de los compromisos establecidos durante la adquisición de DTS, la antigua Sogecable, en 2015.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha declarado este lunes que esta medida se enmarca en el deber del organismo de supervisar que Telefónica cumpla con las condiciones pactadas para obtener el control exclusivo de DTS. Esta vigilancia es crucial para asegurar un entorno competitivo en los mercados que se vieron impactados por esta operación de concentración empresarial.

De acuerdo con la CNMC, los compromisos asumidos por Telefónica tienen como objetivo primordial proteger la competencia, un aspecto vital en el panorama mediático y audiovisual español, donde la diversidad y pluralidad de contenidos son esenciales para los consumidores.

No es la primera vez que la CNMC actúa en este sentido. La semana pasada, la entidad había anunciado la apertura de otro expediente sancionador contra la misma empresa, relacionado con el incumplimiento de las promesas adquiridas durante la compra de Sogecable, en especial en lo que respecta a derechos de emisión de contenidos deportivos producidos por terceros en España. Este nuevo expediente se centra, por su parte, en los compromisos vinculados a la contratación de canales 'premium'.

La CNMC había dado luz verde a la operación de concentración el 22 de abril de 2015, pero lo hizo bajo la condición de que Telefónica respetara una serie de compromisos que fueron extendidos por tres años adicionales en una resolución dictada el 9 de julio de 2020. Estos compromisos fueron diseñados para garantizar que la empresa actuara de manera justa y competitiva en el entorno de contenidos audiovisuales.

Entre los compromisos asumidos por Telefónica se encuentra el compromiso de adherirse a ciertas condiciones que regulan la duración y los términos de los contratos en cuanto a la adquisición y explotación de contenidos, así como la oferta de contratación a la carta de los canales premium dentro de su paquete básico de televisión de pago más popular.

La CNMC, en una resolución emitida el 29 de noviembre de 2022, reveló la existencia de indicios que sugieren el incumplimiento de varios de los compromisos establecidos. Esto abarca diferentes contratos revisados entre el 1 de mayo de 2017 y el 15 de enero de 2020, así como la política de oferta de canales a la carta entre julio de 2017 y julio de 2018, así como las condiciones de las ofertas mayoristas de canales durante el periodo de 2017 a 2019.

Es importante señalar que la apertura de este expediente no implica un juicio previo sobre el resultado final de la investigación, que ahora deberá desarrollarse en un plazo máximo de tres meses, durante el cual la CNMC analizará en detalle la situación y tomará una decisión al respecto.