La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha hecho llegar un informe al juez encargado de la investigación sobre las presuntas indagaciones no autorizadas y al margen del control judicial que habrían afectado a varios miembros de Podemos. En este documento, se concluye que, tras el análisis de dos oficios policiales recibidos el pasado octubre, no se han encontrado evidencias que respalden un seguimiento sistemático de los citados diputados.

En el escrito, que ha sido obtenido por Europa Press, el fiscal Vicente González Mota aclara que la información suministrada por la Policía es incompleta, subrayando que existe más material en otros oficios y diligencias de prueba dentro de la causa que se desarrolla en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Además, indica que los hechos denunciados difieren de los expuestos en los documentos revisados.

A pesar de que el informe sí menciona ciertas búsquedas, el fiscal señala que no se puede demostrar que estas fueran parte de un seguimiento sistemático llevado a cabo por la alta dirección policial en la época del Gobierno de Mariano Rajoy. Destaca la falta de datos fehacientes que respalden las acusaciones formuladas en la querella.

El fiscal González Mota comienza su análisis con el primer oficio de la Unidad de Policía Judicial (UPJAN), identificándolo con el número S2821/2024. Este documento se centra en las actividades de Iñigo Errejón, María Auxiliadora Honorato, Sergio Pascual, Juan Pedro Yllanes y Amparo Botajara, indicando que no se hallaron indagaciones específicas en el caso de Pascual, mientras que para Errejón se reporta una consulta efectuada en enero de 2015 relacionada con la evaluación de amenazas y riesgos.

En particular, se menciona una consulta del 15 de enero de 2015 por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que requería un informe sobre tres figuras destacadas de Podemos: Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. El fiscal aclara que esta actuación del funcionario estaba dentro de sus competencias legales, aunque menciona que en otros casos la falta de documentación complicaría cualquier análisis futuro.

Las indagaciones del fiscal también han topado con la realidad de la desaparición de registros en la comisaría del aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. Según el informe, es imposible recuperar detalles sobre estas consultas debido a la rotación de funcionarios y su posterior jubilación, dejando sin respuesta a las preguntas sobre los motivos y la finalidad de las indagaciones realizadas durante su servicio.

En el mismo sentido, otros agentes mencionados en las búsquedas específicas han declarado no recordar las razones de sus acciones, indicando que el tiempo ha diluido sus recuerdos sobre las indagaciones, especialmente en el caso de Carolina Bescansa, exdiputada de Podemos.

Las aclaraciones acerca de las búsquedas sobre otros miembros de Podemos varían, aunque predominan las consultas que parecen corresponder a chequeos aleatorios en establecimientos de hostelería. En este contexto, el fiscal reitera que no se justifica adecuadamente el motivo de muchas de estas indagaciones, incluyendo varias realizadas a horas inusuales, salvo en el caso de los análisis de amenazas relacionados con figuras prominentes del partido.

Además, González Mota comunica al juez instructor Santiago Pedraz que la falta de relación entre los datos enviados por la Policía y el objeto de la investigación obstaculiza la tarea, dado que provoca un consumo de tiempo que debería destinarse al análisis de la materia principal.

Respecto al segundo oficio policial, el fiscal señala que ciertas búsquedas sobre representantes de Podemos como Tania Sánchez, Rafael Mayoral y Pablo Bustinduy parecen estar asociadas a controles fronterizos, hospedajes y accesos al Congreso, pero no reflejan un seguimiento sistemático como lo sugiere la querella presentada por la formación política.

Es importante recordar que Podemos ha denunciado a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy por delitos que incluyen organización criminal y revelación de secretos. En su demanda, aseguraban que los querellados, bajo la dirección del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, llevaban a cabo investigaciones alejadas de cualquier interés policial y sin control judicial adecuado, apuntando a una posible filtración a medios de comunicación con la intención de desprestigiar al partido.

Según la querella, este modus operandi se tradujo en múltiples actuaciones, como la investigación al líder del partido en informes de evaluación y la manipulación de documentos policiales con el fin de dar legitimidad a las acciones de los implicados.