La reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado ha suscitado serias críticas, con la afirmación de que carece de fundamento y resulta "desmesurada". Esta medida pone en riesgo derechos fundamentales que deberían ser protegidos con rigor.

En el contexto de este desarrollo, la Fiscalía ha intervenido, instando a la Audiencia Provincial de Madrid a que frene las intenciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de revisar los correos electrónicos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Este escrutinio abarcaría desde julio de 2018, coincidiendo con el nombramiento de su asesora, hasta la actualidad.

El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación ante la providencia emitida por Peinado el pasado 3 de septiembre, en la que se autorizaba dicha revisión. La Fiscalía califica esta orden de "absolutamente desmesurada" y subraya que implica una violación grave de la intimidad y del derecho a la privacidad de los ciudadanos, ya que afecta a la comunicación virtual de la persona involucrada.

"Se están vulnerando derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución", enfatiza el fiscal. Además, subraya que el magistrado Peinado debería haber adoptado esta decisión a través de un auto, en lugar de una simple providencia, dado su peso jurídico.

La Fiscalía también recuerda que la propia Audiencia de Madrid ha advertido anteriormente al juez sobre la necesidad de proceder mediante un auto en casos que impliquen decisiones de tal magnitud.

Por otro lado, se argumenta que la decisión carece de la motivación mínima necesaria, resaltando que cualquier diligencia de esta índole debe venir acompañada de justificaciones claras sobre su propósito y razones de fondo.

La falta de un análisis profundo sobre aspectos como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de tal acción es evidente según el Ministerio Público. Se cuestiona, además, si es realmente apropiado acceder a todos los correos electrónicos, muchos de los cuales pueden no tener relación alguna con el delito investigado. "¿Qué estamos esperando encontrar con esta medida?", se interroga el fiscal.

Ante estas inquietudes, se suma a la petición de la Fiscalía el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, que también solicita que se detenga el análisis de los correos electrónicos en cuestión.