Este viernes, la Unión Europea ha implementado un conjunto de sanciones dirigidas a 15 funcionarios venezolanos, destacando entre ellos a Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo. Estos funcionarios han sido señalados por su participación en las irregularidades que permeaban las recientes elecciones en Venezuela, así como por la declaración de Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales, un resultado que fue proclamado sin la presentación de pruebas que lo sustentaran.

Con estas acciones, los Veintisiete miembros de la UE están tomando una postura frente a la crisis política que atraviesa Venezuela, ampliando las sanciones previamente establecidas para incluir a 15 nuevos nombres en su lista negra. Tal decisión fue pactada a finales del año pasado y ahora eleva la lista a un total de 70 individuos. Las sanciones tienen lugar justo en el momento en que Nicolás Maduro se prepara para asumir su tercer mandato presidencial, a pesar de que no se ha dado a conocer el escrutinio completo que verifique su victoria en los comicios realizados el 28 de julio.

Las naciones europeas han responsabilizado a Caryslia Rodríguez por declarar la victoria de Maduro como “incontestable”, acción que fue llevada a cabo por el Tribunal Supremo sin mostrar los datos pormenorizados de la votación que fundamentaran dicha decisión. Esta declaración se realizó en un contexto de serias irregularidades en la administración del proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, Rodríguez ha sido acusada de interferir en las elecciones primarias de la oposición, obstaculizando su participación en el desenlace electoral. El texto legislativo que documenta estas acusaciones destaca que “las acciones de Caryslia Rodríguez han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”, según información divulgada por Europa Press al respecto.

La lista de sancionados también comprende a Fanny Márquez, vicepresidenta del Tribunal Supremo, así como a varios magistrados del mismo organismo. Estos han sido señalados por certificar la victoria de Maduro y por diversas maniobras destinadas a descalificar a la líder opositora María Corina Machado, a quien se le suspendieron sus derechos electorales. Este tipo de maniobras refuerzan la percepción de que la judicialización en Venezuela se ha convertido en un instrumento al servicio del régimen.

En paralelo, el bloque europeo ha señalado a algunos altos funcionarios del CNE, quienes han enfrentado críticas por las irregularidades observadas durante las elecciones de julio, incluyendo problemas de gestión, retrasos en el escrutinio y ocultamiento de información relevante que evidenciaba estas anomalías.

La UE también ha incorporado en su lista negra a Alexis Rodríguez Cabello, pariente del ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien ahora ocupa el puesto de responsable del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Este funcionario ha sido vinculado con serias violaciones de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y represión feroz contra la oposición democrática en el país.

En otras sanciones, se incluyen también al director adjunto del SEBIN, al que se le responsabiliza por actos de detención arbitraria y graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y tratos inhumanos, particularmente en el conocido centro de detención "El Helicoide", un símbolo de la represión en Venezuela.

Adicionalmente, otros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se encuentran en la mira por su participación en la represión de la sociedad civil y de la oposición tras los comicios de julio de 2024, actos que han incluido detenciones arbitrarias y maltrato a miembros de la comunidad.

Finalmente, en lo que respecta al ámbito judicial, la UE ha señalado a dos jueces venezolanos por su papel en la “persecución judicial por motivos políticos” contra Edmundo González, un candidato opositor que solicitó asilo en España el pasado mes de septiembre. González enfrenta una orden de detención que ha prometido desafiar con la intención de estar presente en Caracas durante la ceremonia de toma de posesión, evidenciando la crítica situación que viven muchos en el exilio por su postura política en Venezuela.