En un reciente enfrentamiento en el Senado, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se defendió de las acusaciones formuladas por el Partido Popular (PP) acerca de que su familia se había beneficiado de subvenciones públicas, afirmando que su hogar contaba con un trabajo estable antes de su nombramiento y que continuará haciéndolo “a pesar” de la oposición.

Durante la sesión de control al Gobierno del pasado martes, la senadora del PP, Paloma Martín, cuestionó a Aagesen sobre los criterios empleados por su Ministerio al otorgar subvenciones a proyectos concretos. La senadora aseveró que la empresa del esposo de Aagesen, en la cual también está involucrado su hermano, había recibido varias subvenciones de diferentes ministerios, incluyendo el que ahora lidera Aagesen. Martín mencionó cifras concretas, como una presunta subvención de 200.000 euros otorgada durante el tiempo en que Aagesen era parte del Gabinete de la Ministra Ribera, así como otras ayudas y préstamos que habrían sido proporcionados en años posteriores.

Frente a estas declaraciones, Aagesen rechazó rotundamente las acusaciones y calificaría a Martín de “emitir falsedades”, asegurando que no se han otorgado “ninguna” subvención a su familia desde que asumió su cargo en 2020. La ministra enfatizó que su familia ya tenía un trabajo antes de su llegada al ministerio y que seguirá desempeñándolo, independientemente de la oposición que enfrenta por parte del PP.

Por su parte, Paloma Martín insistió en que el Gobierno de la Moncloa opera como un “centro de negocios” y que el proceso de asignación de ayudas está marcado por el “enchufismo”. En sus declaraciones, sostenía que Aagesen y otros en el poder contribuyen a favorecer sus círculos familiares, añadiendo que solo existe un “número uno” en la figura del presidente Sánchez.

La senadora también mencionó el caso de Víctor de Aldama, relacionado con la 'trama Koldo', quien fue encarcelado durante el proceso por supuestos favores relacionados con la empresa Villafuel, que adquirió la autorización para operar en el sector de hidrocarburos. Este tema fue utilizado para cuestionar la transparencia del ministerio.

En respuesta, la vicepresidenta solicitó “un poco de rigor” a sus críticos, aclarando que el ministerio no es el encargado de otorgar autorizaciones a los operadores. Explicó que estos se registran en un listado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que su ministerio solo valida que se cumplan los criterios necesarios. Aagesen detalló que la autorización para Villafuel tardó más de seiscientos días en ser concedida, un plazo muy superior al promedio de doscientos días para este tipo de trámites en los últimos cinco años.

Aagesen concluyó su defensa subrayando que el expediente de Villafuel no fue tramitado de manera excepcionalmente rápida y que el cumplimiento de todos los criterios era esencial para la integración de la empresa en el listado de operadores. Esta afirmación refuerza su posición de que no ha existido favoritismo ni trato preferential en la concesión de licencias dentro de su ministerio.