En un importante evento llevado a cabo en Madrid, un tribunal popular ha presentado pruebas contundentes sobre la represión de género que vive Afganistán bajo el régimen talibán, destacando la urgente necesidad de abordar esta grave crisis de derechos humanos.

La organización no gubernamental afgana DROPS ha exigido la restauración de los derechos fundamentales antes de que la comunidad internacional considere normalizar relaciones con los líderes fundamentalistas que han impuesto un régimen de opresión sistemática.

Desde que los talibán tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, los derechos de las mujeres y niñas han sufrido un deterioro alarmante, enfrentándose a una creciente serie de restricciones que las excluyen de la vida pública. Esto ha llevado a que sean vistas como las principales víctimas de una "opresión institucionalizada", según diversas fuentes, incluyendo la ONU.

Las directrices impuestas por el régimen talibán han eliminado derechos básicos y libertades esenciales, incluyendo el acceso a la educación y la vida familiar, así como la libertad de movimiento y expresión. ONU Mujeres ha señalado que estas restricciones representan no solo un ataque a la dignidad de las mujeres, sino también un avance hacia la posible eliminación de su presencia en la sociedad.

El Tribunal Penal Internacional, al emitir órdenes de arresto contra líderes talibanes por crímenes de lesa humanidad, enfatizó que las violaciones de derechos se extienden a todas las expresiones de identidad que no se alinean con la estricta política de género de los talibanes.

Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establece una comisión independiente para documentar violaciones del Derecho Internacional en Afganistán, un paso fundamental considerado por el enviado especial de la ONU en el país, Richard Bennet, como vital en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas.

En Madrid, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha llevado a cabo sesiones donde se han compartido testimonios de víctimas, defensoras de derechos humanos y expertos en la materia, con el fin de crear un registro público de las violaciones sistemáticas perpetradas por los talibanes desde su regreso al poder.

Mariam Safi, directora de DROPS, destacó que, a pesar de los esfuerzos por documentar estos abusos, "los resultados de los procesos judiciales son a largo plazo", y subrayó la urgencia de actuar ante el agravamiento de la situación en su país.

El objetivo del tribunal no solo es visibilizar la opresión, sino también exigir responsabilidades a los talibanes por sus acciones, rompiendo el ciclo de impunidad que ha permitido que estos abusos continúen sin consecuencias. Safi subrayó la importancia de la comunidad internacional en este esfuerzo, instando a un enfoque renovado para abordar la crisis en Afganistán.

En medio de los esfuerzos de la comunidad civil y los recientes avances en la investigación independiente impulsada por la ONU, Safi se mostró esperanzada, pero también crítica hacia aquellos que comienzan a restablecer relaciones con el régimen talibán sin exigir una mejora en la situación de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las mujeres.

Finalmente, advirtió que cualquier reconocimiento internacional a los talibanes debería estar condicionado a la restitución de derechos fundamentales, incluido el acceso a la educación y la libertad de movimiento, aspectos esenciales para la dignidad y el bienestar de las mujeres afganas.