El gobierno venezolano ha anunciado su intención de tomar acciones legales contra Estados Unidos, centrando su atención en las operaciones encubiertas que la CIA ha autorizado en el país suramericano. En un evento el 16 de octubre, el presidente Nicolás Maduro rechazó contundentemente los comentarios emitidos por Donald Trump, señalando el impacto devastador de las intervenciones históricas de esta agencia en América Latina.

Maduro recordó los episodios trágicos que han marcado la región, mencionando los golpes de Estado orquestados por la CIA y sus consecuencias fatales, como el caso de los 30.000 desaparecidos en Argentina y los miles de vidas perdidas durante la dictadura de Pinochet en Chile. En su discurso, dejó claro que Venezuela no está dispuesta a aceptar más intentos de cambio de régimen impulsados por fuerzas externas.

En un mensaje directo a la comunidad internacional, el presidente venezolano cuestionó la perpetuación de las intervenciones estadounidenses en la región y subrayó el firme deseo de los pueblos latinoamericanos por la paz. En su discurso, enfatizó que la paz no es solo un objetivo a preservar, sino un derecho que debe ser defendido activamente.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también se unió a esta crítica, anunciando que Venezuela buscará responsabilizar penalmente al gobierno estadounidense por sus constantes amenazas e intimidaciones. El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz se prepara para presentar su demanda ante organismos internacionales y convocará un congreso destinado a discutir el derecho a la paz, donde se invitará a expertos en Derecho Internacional para que analicen las violaciones a los derechos humanos perpetradas en este contexto.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se emitió un comunicado rechazando las declaraciones de Trump, calificándolas de agresivas y contrarias a las normas del Derecho Internacional. La cartera, encabezada por Yván Gil, expresó su profunda preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, lo que consideran una práctica de agresión sistemática contra Venezuela.

Caracas ha acusado a Washington de tratar de justificar una operación para derrocar al gobierno venezolano, con el objetivo ulterior de apoderarse de los recursos petroleros del país. Además, han denunciado la estigmatización de los migrantes venezolanos, advirtiendo sobre la proliferación de discursos xenófobos que pueden tener graves repercusiones sociales.

En respuesta a la creciente tensión, la diplomacia venezolana planea elevar una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, demandando que se tomen acciones urgentes para prevenir una escalada militar en el Caribe, una región que ha sido declarada como zona de paz por la CELAC.

Mientras tanto, Trump, refiriéndose a la situación, explicó que la autorización para operaciones de la CIA en Venezuela se debe a preocupaciones sobre la entrada de criminales y el tráfico de drogas. En sus declaraciones, subrayó que su administración está intensificando los esfuerzos para controlar las rutas marítimas y terrestres, justificando sus operaciones como una medida de seguridad nacional.

A pesar de las repercusiones de sus palabras, Trump argumentó que sus acciones han evitado un mayor daño, insistiendo en que cada barco que destruyen está salvaguardando vidas estadounidenses. Mientras tanto, el gobierno venezolano ha tomado medidas para declarar un estado de conmoción externa, una estrategia de emergencia que podría activarse en caso de agresiones externas, reflejando así el clima de temor que se ha intensificado tras los comentarios del presidente estadounidense.