En una reciente declaración que ha captado la atención de muchos, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió los recortes en la financiación de su departamento y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), así como la controvertida decisión de otorgar asilo a refugiados afrikáneres sudafricanos. Rubio insistió en que la administración no busca desmantelar su política exterior ni replegarse de la comunidad internacional.

Durante una sesión ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio se defendió de las acusaciones de sus colegas demócratas, afirmando que su reciente gira por 18 países en tan solo 18 semanas demuestra su compromiso con la diplomacia global. Aseguró que las críticas sobre una posible retirada son infundadas y que su enfoque se centra en garantizar que la asistencia que se proporciona es efectiva y significativa para el pueblo estadounidense.

A pesar de la controversia que rodea los recortes en la USAID, que han llevado al cierre de oficinas nacionales y consulados en el extranjero, Rubio argumentó que se trata de una reorientación de los recursos, no de una mera búsqueda de ahorro. Defendió la labor de USAID, diferenciándola de la estrategia de desarrollo de otras naciones, específicamente de China, a la que acusó de crear "trampas de deuda" para otros países.

Uno de los puntos más discutidos ha sido el asilo concedido a afrikáneres blancos, en contraste con la demora en las solicitudes de otros refugiados. Rubio defendió esta decisión, afirmando que EE.UU. tiene el derecho de decidir a quién permite el ingreso y que la eficacia de la investigación sobre los solicitantes juega un papel crucial en esas decisiones. “Nuestra política exterior no requiere imparcialidad”, afirmó, sugiriendo que facilitar la entrada a grupos específicos puede ser una estrategia válida.

Por otro lado, en respuesta a las deportaciones de estudiantes que han protestado contra la guerra en Gaza, Rubio, también asesor de Seguridad Nacional, reafirmó que el gobierno seguirá revocando visados a aquellos que perturben el ambiente educativo. Esta postura ha generado inquietud entre activistas que consideran que dicha acción podría silenciar voces críticas en los campus universitarios.