La lucha por los derechos de las personas migrantes toma protagonismo en el Congreso, donde Podemos ha dejado claro que no avalará la reciente proposición de ley que busca transferir competencias en materia de migración a Cataluña, un acuerdo establecido entre el PSOE y Junts. La formación morada considera que este pacto es un paso hacia el racismo y un ataque directo a la diversidad.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha expresado su firme rechazo a la colaboración entre el PSOE y Junts, señalando que están tratando con un partido que promueve políticas anti inmigración, compitiendo incluso con la ultraderecha catalana. "No vamos a ceder nuestros votos a este tipo de acuerdos", afirmó la líder de Podemos, resaltando que su objetivo es avanzar en los derechos, no en medidas que perpetúan la exclusión.

Belarra hizo un llamado urgente para que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización de unos 500,000 migrantes en situación irregular, quienes han estado esperando durante un año en el Congreso. Recientemente, defendió la necesidad de implementar esta regularización de inmediato.

Irene Montero, la eurodiputada y número dos del partido, también se pronunció al respecto, insistiendo que los votos de Podemos están destinados a la conquista de derechos, y no a facilitar que acuerdos como el del PSOE y Junts normalicen actitudes racistas. "Ningún ser humano es ilegal", declaró, enfatizando la urgencia de regularizar a más de 500,000 migrantes en España.

La posición de Podemos es crucial dentro del bloque de investidura, dado que el Partido Popular ya ha manifestado su oposición a esta propuesta de ley. Un voto en contra de los diputados morados podría significar el obstáculo perfecto para que la iniciativa no prosperara en el Congreso.

En la misma línea, Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, criticó el acuerdo entre el PSOE y Junts, clasificándolo como un "pacto racista" y subrayó que la verdadera prioridad debe ser la aprobación de la ILP para la regularización extraordinaria. "No contarán con nuestros votos", reiteró Fernández, haciendo eco del compromiso del partido con los derechos humanos.

Respecto al contenido de la proposición de ley, PSOE y Junts han presentado una iniciativa para delegar competencias migratorias a Cataluña, lo que incluye la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la deportación de personas con prohibición de entrada. Este acuerdo también permite que los Mossos d'Esquadra co-administren la seguridad en zonas sensibles junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que implicaría un papel activo de la policía catalana en el cumplimiento de la ley en las fronteras.