En una histórica sesión realizada el miércoles por la noche, la Cámara de Senadores de Uruguay ha dado luz verde a la ley de eutanasia, posicionando al país como el tercero en América Latina y el undécimo a nivel mundial en establecer un marco legal que promueve lo que se conoce como "muerte digna".

Con un contundente respaldo de 20 votos en un total de 31 senadores, el Frente Amplio, que posee 17 escaños, logró sumar los apoyos cruciales de la senadora nacionalista Graciela Bianchi y de los senadores colorados Ope Pasquet y Heber Duque. Este último ya había presentado una propuesta similar en el pasado, en 2020, según ha informado el diario 'El Observador' de Uruguay.

La ley, en su primer artículo, tiene como objetivo primordial "regular y garantizar el derecho de las personas a transitar dignamente el proceso de morir". Además, establece que cualquier persona mayor de edad, que esté en condiciones psíquicas adecuadas y que enfrente una etapa terminal o sufrimientos insoportables debido a patologías incurables, podrá gestionar su solicitud de eutanasia dentro de un contexto que implique un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida.

Para formalizar esta solicitud, el interesado deberá presentarla por escrito a un médico, quien tendrá un plazo de tres días para confirmar el cumplimiento de los requisitos necesarios y para informar al paciente sobre las opciones de tratamiento, incluidas las paliativas, con el fin de verificar que la decisión que toma es realmente libre y consciente.

Posteriormente, un segundo médico revisará el caso y sostendrá una entrevista con el paciente en un lapso máximo de cinco días. Si este profesional corrobora la opinión del primer médico, el procedimiento podrá continuar, culminando con la declaración del paciente ante dos testigos respecto a su deseo de seguir adelante, y concertando una fecha para la eutanasia.

La reciente aprobación de esta legislación ha sido celebrada por diversas figuras políticas, como Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, quien enfatizó que Uruguay reafirma su liderazgo en cuestiones de derechos humanos. "La ley de muerte digna refleja un importante compromiso con la dignidad humana y la libertad", destacó en una publicación en la red social X, concluyendo con una reflexión que invita a "honrar la vida eligiendo lo que es digno".

El senador Daniel Caggiani también se pronunció de manera positiva, indicando que Uruguay ahora es "un poco más libre y humano". Envió un abrazo a todas aquellas personas que han enfrentado enfermedades dolorosas y que luchan por decidir sobre el final de su sufrimiento.

A pesar de estos aplausos, la ley no ha estado exenta de críticas. El senador Martín Lema, del Partido Nacional, cuestionó el enfoque de la ley y señaló que quienes están "luchando" por su vida no deberían ser considerados indignos, sugiriendo que la muerte no es la solución a su dignidad.

Desde el Partido Colorado, Pedro Bordaberry también expresó objeciones, calificando a la propuesta de "defectuosa" en su redacción y argumentando que está diseñada principalmente desde la perspectiva médica, desestimando consideraciones legales. Además, subrayó la falta de acceso a cuidados paliativos en todo el país, argumentando que esto limita la autonomía del paciente y que la ley podría pisotear tanto normas constitucionales como derechos básicos.

No obstante, el respaldo hacia la legalización de la eutanasia persiste, gracias, en parte, a la incesante labor de Ope Pasquet, quien en 2020 inició una campaña que tarde o temprano encontró un estancamiento en el Senado. En esta ocasión, Pasquet ha planteado una pregunta crucial para el debate: "¿tiene un adulto en plenas facultades el derecho a decidir sobre su propia muerte, o está obligado a continuar viviendo hasta lo inevitable?"

“Aprobemos esta ley de muerte digna y estaremos honrando la noble tradición de libertad y humanidad de Uruguay”, concluyó su discurso, llamando a la acción a la Cámara.