En un desarrollo que ha generado controversia, el partido Vox tiene previsto someter a votación en el Congreso la destitución de Ana Redondo, actual ministra de Igualdad. La ofensiva se enmarca en lo que consideran su "negligente gestión" respecto a las pulseras telemáticas utilizadas para monitorizar a maltratadores, un tema que ha cobrado relevancia tras críticas provenientes de la Fiscalía General del Estado.

Según informaciones obtenidas por Europa Press, la propuesta de Vox se origina tras una interpelación en la que el partido cuestionó a Redondo sobre el Sistema Cometa, la plataforma encargada de gestionar estos dispositivos. La Fiscalía ha señalado, en su Memoria de 2024, que han habido absoluciones debido a fallos en este sistema, lo que ha intensificado las críticas hacia la ministerial.

Las exigencias de Vox son enérgicas, pidiendo no solo la destitución inmediata de Redondo, sino también que el Ministerio del Interior tome el control de estos dispositivos de seguimiento, evidenciando un claro descontento con la actual gestión bajo el ministerio de Igualdad.

En un giro más radical, el partido plantea la derogación de varias leyes clave en materia de género, como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la controvertida Ley del 'solo sí es sí'. Vox argumenta que estas normativas deben ser revisadas para asegurar una protección efectiva de las mujeres, distanciándose de lo que consideran ideología dogmática.

Además, Vox propone suspender el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reciente renovación de un acuerdo que, según ellos, ha fracasado en sus objetivos. En este sentido, plantean la necesidad de llevar a cabo una auditoría sobre el gasto público destinado a políticas de género desde 2005 hasta 2025, con el objetivo de determinar la eficacia de los fondos invertidos en la atención a las víctimas.

Desde Vox también han expresado la necesidad de fortalecer las capacidades del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad para asegurar una protección efectiva a las mujeres. A lo largo de sus propuestas, instan a revisar las subvenciones originadas por la Ley de Igualdad efectiva, subrayando que los recursos deben ser redirigidos hacia una protección tangible para las víctimas de violencia.