En un reciente informe emitido el 9 de octubre desde Bruselas, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha destacado las serias fallas que continúan presentes en el sistema de supervisión del plan de recuperación y resiliencia de España. Esta situación plantea serias dificultades para el rastreo y seguimiento de los fondos hasta los beneficiarios finales.

Este análisis forma parte de la auditoría de 2024 sobre los planes de recuperación y resiliencia que también examina los sistemas de gestión en otros países, como Alemania, Francia, Grecia e Italia, enfatizando una necesidad urgente de mejorar los controles establecidos.

Los auditores han señalado "insuficiencias continuas" en los sistemas de control a nivel nacional y han señalado que la información que los Estados miembros reportan a la Comisión Europea presenta problemas de fiabilidad. Esto suscita preocupaciones sobre la veracidad de los datos sobre los que se toman decisiones cruciales.

Alejandro Blanco Fernández, miembro español del Tribunal de Cuentas de la UE, subrayó en una declaración a la prensa que, a pesar de observar una ligera mejora en la tasa de error estimada, las deficiencias en áreas críticas persisten, lo que plantea preocupaciones sobre la gobernanza y el control en los Estados miembros.

La auditoría específicamente menciona que tanto España como Francia carecen de un sistema centralizado que consolide información detallada sobre los gastos realizados por los beneficiarios finales, incluidas empresas y destinatarios de subvenciones. Esta falta de seguimiento directo dificultaría la comprobación de si los fondos están efectivamente impactando la economía real.

Aunque el Tribunal aclara que estas deficiencias no constituyen necesariamente indicios de fraude o mal uso de los fondos, sí representan un riesgo estructural para la rendición de cuentas y la transparencia dentro del mecanismo de financiamiento. La necesidad de un sistema robusto que asegure el adecuado flujo de información es más urgente que nunca para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos.