El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha conseguido la aprobación de su controvertida ley de agentes extranjeros, en medio de una avalancha de críticas por parte de organizaciones comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos y de entidades internacionales que advierten sobre la tendencia autoritaria de su gestión.

A pesar de estar en su sexto año de gobierno, periodo que contradice las limitaciones establecidas en la Constitución, Bukele disfruta de un considerable respaldo entre los sectores populares del país. Este apoyo se mantiene firme, incluso frente a las alarmas y denuncias que han planteado diversas organizaciones y figuras globales sobre su administración.

En los últimos cuatro años, Bukele ha logrado una notable concentración de poder, lo que le ha permitido aprobar leyes a través de su partido Nuevas Ideas en un ambiente casi completamente libre de oposición. Este fenómeno ha sido interpretado como un serio deterioro de la democracia y un preocupante avance hacia la centralización del poder ejecutivo.

Las controversias no han cesado desde que asumió su mandato. En febrero de 2020, una de sus acciones más criticadas fue la incursión armada en el Parlamento, junto a fuerzas de seguridad, con la que buscó intimidar a los legisladores para obtener la aprobación de un empréstito vinculado a políticas de seguridad y combate a pandillas, un hecho que generó una crisis institucional significativa.

Los críticos, en su mayoría, han denunciado un intento de usurpar el concepto de separación de poderes, a lo que se suma el contexto actual de detenciones arbitrarias y torturas a presuntos pandilleros, todo ello bajo un régimen de excepción que ha recibido condenas de múltiples ONG.

La reciente legislación de agentes extranjeros se sitúa en este contexto de creciente hostilidad hacia la sociedad civil. Con la mayoría de los votos —57 de los 60 miembros de la cámara— Bukele logró que su propuesta avanzara en una Asamblea Legislativa bajo su control casi total.

Originalmente presentada en 2021, la ley contemplaba una carga fiscal superior, pero la versión aprobada esta semana establece un impuesto del 30% sobre las donaciones extranjeras dirigidas a ONG, además de restricciones que previenen la aceptación de fondos no previamente declarados. Asimismo, se prohíben las contribuciones de individuos o entidades anónimas.

El artículo 20 de la ley otorga al presidente la facultad de crear regulaciones que faciliten la aplicación de estos lineamientos. Por su parte, el artículo 24 fija un plazo de 90 días para que las organizaciones se registren como agentes extranjeros.

Desde Human Rights Watch (HRW) se ha denunciado que esta ley confiere al gobierno el poder de monitorizar, sancionar y disolver a organizaciones tachadas de agentes extranjeros, un enfoque que pone en riesgo la libertad de expresión y asociación.

La falta de un debate público antes de la aprobación se ha justificado bajo el argumento de promover la "transparencia", al tiempo que en la práctica otorga al gobierno más control sobre las ONG y medios independientes que dependen de financiamiento internacional. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, ha afirmado que esta legislación tiene la intención de silenciar las críticas hacia el gobierno y sus vínculos con grupos delictivos.

La ley define como agente extranjero a cualquier persona que actúe bajo el control o financiamiento extranjero, mientras que establece serias restricciones para su participación en actividades políticas. La comunidad internacional ha sido llamada a condenar estas iniciativas, que son vistas como un ataque directo a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación por el lenguaje ambiguo de esta legislación, indicando que podría utilizarse para restringir derechos y libertades esenciales, lo que impactaría negativamente en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que promueven los Derechos Humanos.

Este tipo de legislaciones han generado reacciones en diversas partes del mundo, recordando experiencias en países como Rusia y Georgia, donde han desatado protestas significativas. A nivel global, la ley de agentes extranjeros de Rusia ha sido objeto de críticas por ahogar las libertades, y organismos internacionales han dictado que infringe derechos fundamentales.

A pesar de que Estados Unidos fue pionero en la creación de una legislación de este tipo en 1938, la situación actual en El Salvador plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos civiles y la salud de la democracia en la región. Esta tendencia se suma a otras legislaciones en Australia, Canadá, Nicaragua y Venezuela, donde se han implementado medidas similares que limitan el financiamiento y actividades de organizaciones no gubernamentales, en un contexto global que cada vez se muestra más restrictivo hacia la disidencia y la participación ciudadana.