La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho un llamado a la acción decidido y firme, advirtiendo que la Inspección de Trabajo no dudaría en aplicar la ley enérgicamente contra aquellas empresas que han obligado a sus empleados a presentarse en sus lugares de trabajo en Valencia, a pesar de los devastadores efectos causados por la DANA la semana pasada.

“Quiero ser contundente: la Inspección de Trabajo ya está en marcha y las sanciones que enfrentarán estas empresas serán serias”, declaró la vicepresidenta en una entrevista para la Cadena Ser, información que fue recogida por Europa Press. Esta firmeza refleja su compromiso con la protección de los derechos laborales en tiempos difíciles.

Díaz añadió que se está comunicando activamente con diversas empresas para transmitirles que “la vida está por encima de todo”. “Continuaré realizando estas llamadas y cuando tengamos datos más concretos, los compartiremos con la ciudadanía”, aseguró, subrayando su papel vigilante en esta crisis.

Durante la conversación, la vicepresidenta también detalló algunas de las medidas que se presentarán ante el Consejo de Ministros, orientadas a salvaguardar a los trabajadores afectados por la DANA. Entre las propuestas destaca la implementación de permisos retribuidos no recuperables para aquellos que no puedan asistir a su trabajo debido a circunstancias provocadas por el temporal, como el cuidado de familiares o la suspensión de clases, junto con una prohibición explícita sobre despidos relacionados con la ausencia.

Además, informó sobre la creación de un subsidio extraordinario para los empleados del hogar, que contará con una prestación de hasta el 70% de la base reguladora. Esta medida será un apoyo fundamental para un colectivo que enfrenta desafíos significativos en situaciones de crisis.

La ministra aclaró que el procedimiento para acceder a este permiso será similar al de una prestación por desempleo, buscando así simplificar el acceso a los derechos laborales de los trabajadores.

De igual forma, Díaz reafirmó que los contratos temporales no podrán ser rescindidos, incluso si su actividad se interrumpe debido a la catástrofe. “Esto significa que, aunque haya una pausa en la duración del contrato, este se mantendrá vigente y se reactivará una vez superada la emergencia”, manifestó, dejando claro su compromiso con la estabilidad laboral de los ciudadanos en tiempos inciertos.