El Gobierno español está preparado para dar un paso significativo en el ámbito judicial. Este martes, durante la sesión habitual del Consejo de Ministros, se aprobará una innovadora Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que marcará un hito en la historia del proceso penal en el país. Esta reforma fundamental trasladará la responsabilidad de la instrucción de los casos penales desde los jueces hacia los fiscales, según ha asegurado el Ministerio de Justicia a Europa Press.

La nueva normativa, que entraría en vigor en enero de 2028, también contempla la exclusión de los partidos políticos en la figura de la acusación popular, así como una modificación en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que ampliará el mandato del fiscal general del Estado a cinco años.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, afirmó el pasado jueves que el objetivo de la nueva LECrim es modernizar el sistema español, alineándolo más con los estándares europeos. Bolaños destacó que bajo este nuevo modelo, los jueces se centrarán en el juicio y la ejecución de las sentencias, mientras que la Fiscalía asumirá el liderazgo en las investigaciones.

Esta reforma se presenta como una medida crucial y con un enfoque más garantista, según el ministro. La estructura propuesta permitirá que un juez de garantías tenga la competencia para decidir, modificar o validar las decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal durante el proceso de investigación penal.