En Madrid, el 26 de octubre, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha instado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a comparecer ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien investiga los devastadores efectos de la dana que afectó a la región hace casi un año. Morán argumenta que sería prudente que Mazón actuara con transparencia y sin mezclarse en juegos políticos, especialmente en un momento en el que la reconstrucción sigue siendo una prioridad para los valencianos.

Durante una entrevista con Europa Press, Morán expresó su preocupación por las declaraciones recientes de Mazón, quien ha sugerido que su éxito en la reelección dependerá del progreso en la reconstrucción tras la catástrofe. “La jueza le ha brindado una oportunidad para declarar. Si no tiene nada que ocultar, lo razonable sería que lo hiciera antes de embarcarse en cálculos de índole electoral”, subrayó el secretario de Estado.

Morán también criticó la estrategia política del 'president', sugiriendo que su tendencia a "lanzar tinta para confundir" solo sirve para oscurecer las responsabilidades en lugar de clarificarlas. Según él, la falta de ética en el Partido Popular, sobre todo en los momentos críticos, solo convierte a los procedimientos judiciales en una carga mayor cuando finalmente tienen que asumir responsabilidades.

Durante el año transcurrido desde la tragedia del 29 de octubre de 2024, Morán ha hecho hincapié en la importancia de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ofrezca información basada en la ciencia para abordar lo ocurrido. “Desde el primer momento hemos presentado informes científicos y no hemos caído en análisis políticos que desvirtúen la gravedad de la situación,” afirmó.

A su juicio, esclarecer lo sucedido es competencia de la justicia, que debe determinar las responsabilidades. “La información sobre las acciones realizadas o no realizadas aquel día corresponde a nuestro ministerio, ya que depende de él la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ),” añadió Morán.

En su intervención, Morán defendió además la actuación de los responsables locales, considerando que ni la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ni el presidente de la CHJ, Miguel Polo, deberían dimitir, ya que los autos judiciales revelan el rigor de sus acciones. A su juicio, las comisiones de investigación constituidas en el Senado y Les Corts desvían la atención sobre la necesidad de responsabilidades judiciales.

“Lo que hemos observado en estos foros políticos es un mecanismo defensivo por parte del PP, que busca evadir responsabilidades a medida que se van aclarando los hechos en el juzgado. Esto socava el proceso judicial,” opinó.

El secretario de Estado también se mostró favorable a una nueva comisión en el Congreso para asegurar que la ciudadanía reciba información equilibrada sobre la situación. “Es esencial que se escuchen todas las voces del arco parlamentario,” recalcó.

Respecto a las actuaciones de emergencia emprendidas por el gobierno central, Morán destacó que no han habido dificultades para desplegar las inversiones necesarias, que suman alrededor de 250 millones de euros, y que muchas ya están en marcha. Se espera que las iniciativas relacionadas con el suministro y saneamiento, con una inversión de casi 440 millones, pronto estén finalizadas.

El primer proyecto relacionado con la resiliencia, que implica la intervención en el barranco de La Saleta, ha superado todos los trámites necesarios, y los trabajos de otros proyectos están en progreso, con la esperanza de que todos estén en marcha para 2026. “No existe riesgo alguno de que estos proyectos se vean paralizados por falta de fondos,” aseguró Morán.

En cuanto a la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil, enfatizó que España necesita replantearse su enfoque hacia los fenómenos climáticos extremos. “El presidente del Gobierno ha propuesto un Pacto de Estado para afrontar la Emergencia Climática, y eso debe ser la base de nuestras acciones futuras,” concluyó Morán.

Finalmente, al abordar la iniciativa legislativa popular para modificar la Ley de Aguas, subrayó que el modelo actual de gestión de agua en España es sólido, aunque poco conocido por la ciudadanía. “Debemos mejorar la gobernanza y la participación en la gestión de este recurso público,” agregó, llamando a un enfoque más inclusivo y transparente en la toma de decisiones.