Este domingo, Brasil ha sido escenario de un fervoroso despliegue ciudadano, donde decenas de miles de personas se han manifestado en contra de una posible amnistía destinada a quienes fueron condenados por la fallida intentona golpista de 2022, entre los que se destaca el expresidente Jair Bolsonaro. Esta movilización surge en un contexto marcado por el avance en la Cámara de Diputados de un par de proyectos legislativos que provocan inquietud entre amplios sectores de la población.

En ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, más de 40.000 manifestantes se reunieron, de acuerdo con el Monitor de Debate Político de la Universidad de Sao Paulo, tal como lo reporta el diario 'Folha'. Sin embargo, la indignación se ha hecho sentir en hasta 33 localidades, incluyendo todas las capitales estatales, lo que demuestra una respuesta contundente del pueblo brasileño ante la situación política actual.

Las movilizaciones fueron organizadas por las agrupaciones Pueblo Sin Tierra y Brasil Popular, con la colaboración de movimientos sociales afines al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido de los Trabajadores (PT) y diversas organizaciones populares. La participación ha sido extensa, involucrando a sindicatos, estudiantes, artistas y otros colectivos representativos de la lucha social, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).

Particularmente en Río de Janeiro, las protestas no solo han sido masivas, sino que también han contado con la presencia de renombradas figuras de la cultura brasileña. Artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil han estado al frente, subrayando la importancia de afrontar "los horrores que nos rodean", en palabras de Gil, quien hizo referencia a momentos críticos en la historia del país.

El trasfondo de este levantamiento popular está en la reciente aprobación de proyectos en la cámara baja del Congreso, incluyendo la controvertida PEC del Blindaje, que propone extender el aforamiento de los legisladores, poniéndolos por encima de posibles investigaciones judiciales del Tribunal Supremo, una medida que fue respaldada el martes pasado.

Lo que más ha generado descontento entre los manifestantes es la urgencia con la que se está tramitando el proyecto que buscaría otorgar amnistía a los implicados en actos de violencia desde que comenzaron las protestas contra la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, así como tras el asalto al Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023. Esta ley podría beneficiar a Bolsonaro y a otros condenados por su papel en la intentona golpista, algo que ha suscitado la indignación popular y ha movilizado a miles a las calles en defensa de la democracia brasileña.